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  • Jaime Lara Lara

Reforma al sistema de pensiones

A descansar al panteón


-Frase popular


En México una proporción significativa de la población no piensa dejar de trabajar en la vida. De acuerdo al Módulo de Trayectorias Laborales, una encuesta levantada por el INEGI en 2015, el 43.2 por ciento de la población pretende continuar trabajando hasta el día de muerte, otro 7.4 por ciento aún no ha pensado en su decisión de retiro de la vida laboral. Esto es así porque en México no tenemos un sistema de pensiones con cobertura para la mayoría de la población. Menos de la mitad de las personas con un ingreso por su trabajo tiene acceso a un empleo donde se tenga derecho a servicios médicos y un ingreso posterior a su retiro cuando sea adulto mayor. A estos empleos se les conoce como empleos formales. Además, los seres humanos tenemos problemas para tomar decisiones de tan largo plazo, por lo que típicamente ahorramos poco para solventar nuestros gastos cuando seamos adultos mayores.


El problema es más complejo porque quienes tienen acceso a empleos formales terminarán con una pensión cuando sean adultos mayores que estará muy por debajo del ingreso que obtenían regularmente por su trabajo, algunos cálculos sugieren que se recibirá solo 30 por ciento. Esto se debe a que nuestro actual sistema de pensiones tiene tres problemas importantes. El primero es que las aportaciones que nos descuentan cada quincena para nuestra pensión son relativamente bajas. El segundo es que los rendimientos que se obtienen de las instituciones que administran estos fondos, las Afores, son bajos en parte por las altas comisiones que nos cobran. Y el tercero es que muchos trabajadores pasan de empleos formales a informales frecuentemente, por lo que sus ahorros para el retiro no garantizan una pensión ni siquiera de un salario mínimo.

Recientemente el gobierno federal, representantes de los empresarios y sindicatos, anunciaron que se presentará una iniciativa para reformar el sistema de pensiones de aquellos que trabajan en una empresa formal del sector privado. La iniciativa pretende elevar las aportaciones para el sistema de pensiones del 6.5 por ciento del ingreso actual al 15 por ciento en un período de 8 años, disminuir las comisiones que cobran las Afores, y disminuir el tiempo que debe cotizarse de 25 a 15 años en el sector formal para obtener una pensión mínima cercana a los 4000 pesos mensuales. La iniciativa también incluye cambios en las aportaciones que hace el gobierno a las pensiones, de forma que los trabajadores de menores ingresos recibirán un subsidio mayor.


De aprobarse la iniciativa incrementará las pensiones de quienes se jubilen en los próximos años; además, permitirá que un mayor número de jubilados obtengan la pensión mínima garantizada. Hay, sin embargo, algunos riesgos y pendientes con los que se deberá tener cuidado. Aunque nominalmente las empresas son las que incrementarán la aportación, la carga real del incremento de estas aportaciones dependerá de las negociaciones entre trabajadores y empresas. Si los incrementos los solventan las empresas, esos costos adicionales pueden desincentivar la creación de empleos formales. Si los incrementos recaen en los trabajadores es posible que se desincentive la búsqueda de empleos formales si los trabajadores valoran las aportaciones como un impuesto en lugar de un sistema de ahorro. Tampoco hay mucha claridad en la forma que se logrará la reducción de las comisiones que cobran las Afores. Otro pendiente que quedará serán los ingresos para el retiro de la población que no tuvo acceso a empleos formales. Existe un programa de apoyo a estos adultos mayores; el monto, aunque se incrementó al inicio de la presente administración, sin embargo, es apenas cercano a los 1300 pesos mensuales, todavía muy lejos de una pensión digna.


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