Represión y migración otra vez

En las últimas semanas hemos sido testigos de acciones aparentemente contradictorias del gobierno mexicano con respecto a la llegada de migrantes desde otros países. Por un lado, se recibieron refugiados que huyen del colapso del gobierno apoyado por Estados Unidos en Afganistán. Por el otro, hemos observado la desarticulación de las caravanas migrantes provenientes principalmente de nuestros vecinos de Centroamérica, incluyendo actos de violencia por parte de cuerpos de seguridad claramente violatorios de derechos humanos.

Con el transcurso de los años México se ha convertido en país no solo expulsor de migrantes, sino también en un país de tránsito hacia los Estados Unidos. Actualmente, un poco más de la mitad de quienes desean ingresar a los Estados Unidos de forma no documentada por la frontera norte provienen de otros países distintos al nuestro, cuando hace unas décadas la gran mayoría eran mexicanos. Esto ha vuelto más compleja nuestra relación con la migración y dejado a nuestro país en una posición paradójica en los foros internacionales. Un país que hace tiempo defendía los derechos de los migrantes, convertido ahora en un aliado en la práctica del discurso antiinmigrante, tomando medidas favorables solamente con respecto a países que tienen poco potencial de enviar un flujo relativamente elevado de migrantes a esta región del planeta.

Indudablemente estos cambios se explican por la incapacidad del Estado mexicano y el estadounidense para negociar un acuerdo migratorio completo, en el que un mayor flujo de migración pueda tener cauces seguros, regulares y ordenados. A pesar de que ambas administraciones federales llegaron con discursos favorables a la migración, que incluían la desarticulación de medidas represivas en administraciones previas, el incremento del flujo de migrantes del último año y la postura antiinmigrante de segmentos importantes de la sociedad en ambos países los ha hecho recurrir a las fórmulas previas. Se ha creado un círculo vicioso en el que las medidas represivas contienen en cierta medida la migración, y ante el anuncio de pequeños cambios favorables los flujos aumentan considerablemente debido a que los migrantes desean aprovechar las condiciones favorables que podrían expirar en poco tiempo, creando alarma y generando un regreso a las medidas represivas previas para evitar la crítica de los segmentos sociales antiinmigrantes. Este ciclo se ha repetido ya dos veces en el actual gobierno mexicano.

Lo cierto es que las causas profundas de la migración centroamericana y de algunas regiones de nuestro país son difíciles de cambiar en el corto plazo; el diferencial de ingresos con respecto a los Estados Unidos es cercano a cuatro veces, la violencia parece enraizada en nuestras sociedades. Además, con los flujos históricos se cuenta con comunidades migrantes en la que muchos de los vínculos sociales significativos como la familia se encuentran más en los Estados Unidos que en las regiones de origen. Así que, si se desea tener una postura favorable a la migración, se debe aceptar que habrá mayores flujos en el corto plazo. No solo basta el discurso, sino que se deben crear las medidas administrativas adecuadas para esos flujos previsibles, como una mayor cantidad de permisos de trabajo o para refugiados. Se pueden complementar estas medidas con proyectos para crear mejores empleos en las zonas de origen, como ha sido la propuesta del gobierno mexicano. Pero, en el corto plazo, no se pueden eliminar todos los flujos siendo lo más probable que aumenten. Se necesita un mayor compromiso de ambas administraciones y el diseño de medidas administrativas para afrontar las consecuencias inmediatas de una apertura a la migración.