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  • Jaime Lara Lara

Deportaciones

Las políticas para contener la migración en los Estados Unidos sufrieron un cambio significativo a inicios de este siglo, cuyos costos sociales y resultados rara vez se tienen en cuenta en la academia o en la elaboración de política pública en nuestro país. Además de la vigilancia en la frontera, se incrementó la búsqueda de migrantes no documentados en todo el territorio estadounidense. De acuerdo a TRAC reports, de este tipo de migrantes se removieron un poco más de 5 millones de personas entre 2003 y 2020, de los cuales más de 3 millones eran de origen mexicano. Hay razones para pensar que este tipo de deportaciones pueden tener un efecto diferente y más alarmante.


En primera instancia, al tener un mayor tiempo de residencia en los Estados Unidos, estos migrantes ya habían construido lazos familiares, incluyendo esposas e hijos, por lo que su remoción puede tener un alto impacto en el bienestar familiar. Uno de los resultados de esta política es que algunos niños nacidos en Estados Unidos se ven obligados a retornar con sus padres a territorio mexicano o a permanecer en el país vecino con los costos psicológicos asociados a la separación familiar.


Otro aspecto es que el retorno de este tipo de migrantes no es planeado. Algunos de ellos carecen de vínculos sociales significativos en las comunidades de origen mexicanas, por lo que su reinserción laboral y social en nuestro país puede ser más difícil que la de aquellos que todo el tiempo planearon retornar al país. También, el carácter no planeado de su retorno, les puede impedir manejar sus ahorros para tener una forma de reinsertarse económicamente de forma exitosa en México. Además, la sensación de frustración les puede impedir readaptarse a las condiciones de nuestro país, como por ejemplo el hecho de que los salarios pueden ser 4 o más veces inferiores que los percibidos en el país del norte.


Dentro de los Estados Unidos, este tipo de política incrementa la sensación de riesgo y peligro en las comunidades migrantes. De acuerdo a una encuesta realizada el año pasado por el Pew Hispanic Center, el 51 por ciento de los residentes en los Estados Unidos que habían nacido en otro país tenían temor de que ellos, algún miembro de su familia o sus amigos pudieran ser deportados. Esta cifra se incrementa al 79 por ciento entre aquellos que no tienen algún documento para acreditar la residencia legal.


Desde el incremento sustancial de este tipo de deportaciones a inicios de este siglo poco han cambiado los números con diferentes administraciones republicanas y demócratas. De hecho, el mayor número de este tipo de deportaciones ocurrió en la administración de Obama, aunque se llevó a cabo un esfuerzo para proteger a los jóvenes estudiantes que ingresaron siendo niños, conocidos como dreamers. El estado mexicano, por su parte, ha dejado prácticamente indefensas a sus comunidades migrantes. Una negociación para evitar está política podría ser difícil, ya que depende de la dinámica política en el vecino del norte, pero tampoco se ha intentado. Además, políticas asociadas a la reinserción en las comunidades de origen, que dependen de México solamente, han sido limitadas o ausentes.

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