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  • Jaime Lara Lara

Innovación y corrupción

Hay varias formas de conseguir que una economía pueda aumentar el ingreso promedio de sus ciudadanos en un horizonte de largo plazo. Los países pueden crecer, por ejemplo, invirtiendo más en maquinaria por parte del sector privado, en infraestructura por parte del gobierno o en las habilidades de sus ciudadanos con la educación y la salud. Para ello se necesita dirigir más recursos hacia esos rubros por medio del ahorro nacional o con recursos externos como la inversión extranjera. Pero hay un elemento que los estudios han mostrado que puede ser la fuente más importante de crecimiento en los países de mayor ingreso y que no está siendo una fuente de crecimiento en México: la tecnología.


A grandes rasgos la tecnología son fórmulas y conocimientos que nos permiten convertir insumos en productos terminados. Hay avance tecnológico cuando podemos producir más con la misma cantidad de insumos, incluyendo el tiempo de trabajo que le dedicamos a la producción. Estás nuevas fórmulas y conocimientos no surgen por arte de magia o solamente por esfuerzos aislados de mentes brillantes, sino por procesos de innovación que requieren de incentivos y recursos que enfrentan riesgos muy elevados. En nuestro país destinamos muy pocos recursos a la innovación; menos del 1 por ciento del ingreso anual, cuando otros países como Estados Unidos invierten cerca del 3 por ciento. Este indicador se explica no solo por los pocos recursos que el gobierno gasta en desarrollo tecnológico, sino que también se compone de los recursos que las empresas destinan.


Parece que en el sector privado muy pocos tienen los incentivos para utilizar recursos para la innovación. Las causas de esto pueden ser múltiples, pero una posible explicación son las distorsiones que genera la corrupción. Por ejemplo, cuando en una licitación pública no son las empresas que pueden ofrecer los productos o servicios al menor costo posible quienes ganan los contratos, sino que los obtienen aquellas que tienen mejores conexiones con los políticos en turno, los incentivos para las empresas no están en mejorar sus procesos para llevar a cabo la producción de forma más eficiente, sino en establecer relaciones con el poder político mediante actos de corrupción. Otro caso puede ocurrir si las empresas utilizan las conexiones políticas para que los reglamentos pongan obstáculos al ingreso de otras empresas a su mercado; por lo que las innovaciones que los emprendedores podrían traer a los consumidores no se realizan.


Nuestro país cuenta con altos indicadores de corrupción comparado con otras economías del mundo. De acuerdo a Transparencia Internacional estamos en el lugar 130 de 180 países. Mejorar este indicador no solo puede traer el beneficio de un comportamiento más ético en nuestra vida social, sino que también puede afectar de forma importante los esquemas de incentivos a los que se enfrentan las empresas y los ciudadanos para destinar más y mejores recursos a la innovación, lo que podría tener un impacto en nuestro bienestar económico en el largo plazo. Los cambios institucionales no son sencillos en un país tan complejo como México, en los últimos 20 años se han creado agencias y leyes que tienen el propósito de limitar los incentivos para los actos de corrupción, pero no han tenido los resultados que se deseaban. Sin embargo, valdría la pena ser más creativos y examinar alternativas en la búsqueda de un país menos corrupto.


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